La reactivación del Turismo en Uruguay es considerada prioritaria por el Gobierno, ya que incide en el 8 % de la economía y abarca al 11 % de la población activa del país

Los operadores turísticos podrán acogerse a distintas medidas de apoyo implementadas por el Gobierno uruguayo que contribuyen a transitar la crisis sanitaria en el área. Las mismas tienen que ver con la apertura de líneas de créditos a tasas de interés muy baja, flexibilización del seguro de desempleo, préstamos a monotributistas y empresas unipersonales, extensión de plazos en los tributos hasta decretos que promueven la inversión.

Se abrieron líneas de créditos a tasas muy convenientes tanto para los pequeños emprendedores como para las medianas y grandes empresas afectadas. Por ejemplo, República Microfinanzas brinda un apoyo financiero a una tasa reducida de interés del 17% con un plazo mayor de hasta 24 meses, subsidiados por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

Mientras el Banco República (BROU) otorga créditos hasta U$S 125.000 a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con tasas de interés bonificadas a pagar entre 13 y 36 meses de acuerdo a si ya contaban con créditos previos y su calificación de riesgo.

Entre el 20 de abril y la primera semana de mayo se realizaron 536 operaciones de créditos de diferentes sectores de la economía nacional por un total equivalente a U$S 8.855.277, con garantías otorgadas por SIGa Emergencia por U$S 7.044.377, según informaron fuentes del BROU. Las tasas de interés varían de acuerdo a la calificación de riesgo y la moneda: en pesos asciende a 16.33% o 16.44%, en unidades indexadas: 3.11% o 3.61% y en dólares: 4.66% o 5.07%. Al tiempo que la banca privada ofrece otros planes crediticios con la misma garantía SiGa Emergencia. También se postergan vencimientos de créditos en BROU para aquellas que tengan deudas menores a 200 mil dólares o su equivalente a moneda nacional.

Además, se adoptaron seguros por cese de actividad para todas las empresas unipersonales y monotributistas por lo cual pueden acceder a un préstamo sin interés de $ 12.000 en mayo y $ 12.000 en junio, otorgado por la ANDE. Así como la flexibilzación de los criterios por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para adelantar licencia correspondiente al 2020, siempre que sea de común acuerdo entre la patronal y empleado, abonando la suma correspondiente por la licencia y el salario vacacional.

A su vez, pueden acogerse al seguro de desempleo flexible provisorio para los que se encuentran con suspensión total de la actividad, entre el 1° de abril y el 31 de mayo de 2020, los trabajadores mensuales que hayan aportado durante 3 a 5 meses en los últimos 12 meses (antes la ley establecía un mínimo de 6 meses). La medida también alcanza a jornaleros que hayan trabajado entre 75 y 149 días laborales (antes la ley establecía que podían hacerlo partir de los 150). Así como se flexibilizó creando el seguro de desempleo parcial para los trabajadores dependientes que se encuentran en una situación de suspensión parcial de actividades, lo que implica la reducción de seis días como mínimo en el mes de trabajo, ya sea de días completos o del 50 % del horario habitual. La reducción debe producirse durante la vigencia de la Resolución ministerial, 30 días a partir del 18 de marzo de 2020, que más tarde se extiende hasta el 30 de junio.

Por otra parte, se extendieron los plazos de pago de varios tributos y se financiaron los aportes para más adelante como hizo la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), entre otros.

Cuatro fases

La reactivación de la actividad turística se proyecta en cuatro etapas, declaró el ministro de Turismo Germán Cardoso: la promoción del turismo interno, el turismo de negocios, prepararse para la próxima temporada de verano y el fomento de la inversión.

En tal sentido, al momento el Gobierno decretó, el 29 de abril de 2020 en adelante, un nuevo régimen de promoción de la construcción de viviendas, oficinas o la urbanización de proyectos de gran dimensión económica de origen privado. El objetivo es que favorezca la actividad de la construcción entre el periodo 2020 y 2025 tomando como marco la Ley N° 16.906 de la Promoción y Protección de Inversiones de 1998.

El decreto comprende una serie de estímulos fiscales a los proyectos de gran dimensión económica que destinen más de 60 millones de unidades indexadas a áreas de uso común por el período de hasta 60 meses. Los beneficios abarcan la exoneración del Impuesto Aduanero Único a la Importación, las tasas de Movilización de Bultos y la Consular, el Impuesto al Valor Agregado, así como la exoneración entre el 15% o 50% del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas por un máximo de 10 años; y la exoneración del Impuesto al Patrimonio por 8 años en Montevideo o 10 años en el interior del país.